La alianza de Fuerza Popular y Perú Libre en el Congreso, con el apoyo de varios otros sectores de la derecha, ha impuesto la elección de Josué Gutiérrez -ex congresista de la bancada de Ollanta Humala, fundador de Perú Libre y abogado personal de Vladimir Cerrón- como Defensor del Pueblo.

El personaje no está calificado para el puesto. Su falta de trayectoria en el terreno de los derechos ciudadanos que ahora debería defender, sus declaraciones durante el proceso de selección sobre la homosexualidad como una “deformidad que debe ser corregida”, y su llamado -apenas electo- “a que “se redefina el curso de los derechos humanos”, son evidencia más que suficiente.

Además, se le ha elegido mediante un proceso viciado, en el que el concurso de méritos fue remplazado por el pago de un favor previo. Como Perú Libre apoyó a Fuerza Popular en la elección de un ultra conservador Tribunal Constitucional, TC, Fuerza Popular le devuelve el gesto votando por Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo, DP. Por su parte, el TC elegido por el Congreso le devuelve el favor, invalidando sus cuestionamientos al proceso. Todos contentos.

Sin embargo, más allá de la falta de idoneidad de Gutiérrez y el despreciable negociado entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, el asunto de fondo es que este nombramiento es solamente uno más de varios pasos que las derechas peruanas, con el permanente apoyo de Cerrón y Perú Libre, vienen dando para el copamiento total del Estado. Primero fue el TC y ahora la DP, pero están en la mira la Junta Nacional de Justicia (ya desde el Congreso les formulan acusación constitucional a sus siete integrantes), el control total de la Fiscalía de la Nación (para eso quieren desaforar a la Fiscal Avalos) y los organismos electorales, especialmente la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (para eso están buscando recortarles el mandato).

La coalición de los varios sectores de la derecha peruana que hoy gobiernan el Congreso (y el país), busca este control por varias razones al mismo tiempo. Entre ellas, impunidad para Keiko Fujimori y varios otros personajes sujetos a investigación por corrupción; defensa a raja tabla de la política económica neoliberal; eliminación de la meritocracia y la perspectiva de género y de los derechos de la diversidad sexual en la educación y en general; legalización de la presencia de mafias en sectores clave como la educación y el transporte; privatización de lo que queda de servicios públicos a cargo del Estado; eliminación de la sola posibilidad de que alguien de izquierda o siquiera progresista gane una próxima elección.

Perú Libre apoya esta captura del Estado por la derecha por razones mas bien mezquinas (impunidad para Vladimir Cerrón, premiar con cargos a sus incondicionales) pero también porque comparte con la derecha el conservadurismo enemigo de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, el desprecio por los derechos humanos en general, y un entendimiento clientelista y corrupto de la política.

Por su parte, Dina Boluarte y Alberto Otárola y los altos mandos militares y policiales -todos responsables de las matanzas de Huamanga y de Juliaca- ven con interés el pacto por la impunidad entre Fujimori y Cerrón porque saben que, sin él, salen del gobierno para ir directamente a la cárcel.

Lo que está hoy en juego es la pérdida total de los mínimos de democracia representativa y derechos humanos que se lograron en las últimas dos décadas. Lo que está en juego es la construcción de un régimen autoritario y conservador, neoliberal y mafioso, que dé continuidad al modelo, ahora más claramente apoyado en las economías informales e ilegales, y despojado de sus componentes liberales.

Frente a esto urge una respuesta política que congregue a una alianza muy amplia de las izquierdas democráticas, progresistas y honestas, con otros sectores políticos que -sin compartir la crítica izquierdista al neoliberalismo- sí estén dispuestos a dar la batalla por la defensa de los mínimos de democracia representativa que estamos, todos y todas, a punto de perder.

Vale la pena listar algunos de esos mínimos: un Tribunal Constitucional que se dedique a cautelar el respeto a la Constitución (esta misma u otra mejor) y no a pagarle favores al Congreso al que le debe el nombramiento); una Defensoría del Pueblo que se aboque a la defensa principista de los derechos de la ciudadanía frente al propio Estado; un Jurado Nacional de Elecciones que defina reglas electorales que garanticen equidad y respeto a la voluntad ciudadana; una Oficina Nacional de Procesos Electorales que organice las elecciones y cuente los votos de manera honesta; y una Junta Nacional de Justicia que sea absolutamente autónoma del poder político de turno.

Junto con defender estos mínimos, esta alianza amplia en defensa de la democracia tendría también que definir algunas propuestas para mejorar los procedimientos que hoy día la mayoría congresal usa para capturar las instituciones y construir un régimen autoritario. Por ejemplo, una reforma constitucional que norme de mejor manera los mecanismos para que el Ejecutivo disuelva al Congreso (la cuestión de confianza) y para que el Congreso vaque el Presidente (la incapacidad moral para gobernar). Por ejemplo, retomar la reforma política para asegurar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en el funcionamiento de los partidos.

Entonces, no se trata solamente de demandar nuevas elecciones generales y el derecho a un referéndum sobre una nueva constitución. Se trata de acompañar ese reclamo con la denuncia de lo que la derecha está haciendo y con propuestas sobre cómo defender y mejorar esos mínimos de democracia que ahora están en peligro.

Para la izquierda democrática este es un reto complicado. Se trata de ver cómo mantener y afirmar un perfil propio en el terreno de la propia democracia, la economía, el medio ambiente, y las identidades, al mismo tiempo que convocar y liderar una coalición amplia. Se trata de marcar con claridad las diferencias con la izquierda conservadora, autoritaria y corrupta que Cerrón encarna, pero sin diluirse en una propuesta solamente liberal. Se trata de emprender las batallas políticas urgentes del corto plazo con el relanzamiento de un proyecto de mediano y largo plazo. Se trata de lograr la articulación con el movimiento social que protesta y con la ciudadanía que rechaza lo que Fujimori, Cerrón y Boluarte quieren.

Como se ve, reto complicado. Pero reto ineludible si queremos pasar de comentar los acontecimientos en marcha a ser protagonistas de un cambio de rumbo que, defendiendo los mínimos de democracia hoy amenazados abra las puertas para cambios estructurales en democracia.