Pedro Castillo ganó limpiamente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021. Ganó con las justas, por apenas 40 mil votos, pero se impuso en forma limpia. Su triunfo fue gracias al voto rural, de las regiones, y de los sectores más pobres de las ciudades. En nuestro país que es tan clasista, racista, y desigual, su victoria no fue solamente legítima sino también muy importante, por ser profundamente democrática y popular, derrotando a una amplia coalición de derechas políticas, poderes facticos y clases medias asustadas. Pero, como fue el caso de Alberto Fujimori en 1990, una victoria electoral popular y democrática que derrota a una potente coalición de derechas, no siempre cae en buenas manos ni llega a buen puerto.

La derecha y buena parte las elites empresariales y sociales del país se negaron a aceptar su derrota electoral, desde el momento mismo de los resultados, y se embarcaron desde entonces en una campaña por traerse abajo al nuevo gobierno. Apelaron primero -sin prueba alguna- a denunciar un supuesto fraude electoral y después -sin argumentos constitucionales válidos- a inventar motivos para una vacancia. Pidieron primero una intervención de la OEA, tocaron insistentemente la puerta de los cuarteles y buscaron armar mayorías congresales para lograr su objetivo.

Este entrampamiento entre un congreso con una mayoría golpista y un ejecutivo traidor a sus promesas, condujo a la crisis final del gobierno de Castillo: su fracasado intento de golpe de estado, su vacancia por el congreso, la juramentación Dina Boluarte y su alianza con la derecha congresal en torno a la pretensión de ambas -presidenta y derecha congresal- de quedarse hasta el 2026 con apoyo de las Fuerzas Armadas. Es importante recordar que en los últimos meses Pedro Castillo recuperaba apoyo ciudadano subiendo de 25 a 31% de respaldo, mientras el del congreso seguía estancado en menos del 20% cayendo al final más cerca del 10%. Más del 80% de encuestados -lo que incluye a un enorme sector que no respaldaba al gobierno de Castillo- señalaba que el Congreso debía irse también si vacaba a Castillo.

Hasta el 7 de diciembre la derecha golpista en el congreso no tenía los votos, ni los argumentos legales, ni una narrativa convincente, ni la legitimidad, ni el respaldo de las FFAA para sacar a Castillo del gobierno. Al intentar su golpe de estado, Pedro Castillo le dio todo lo que no tenía para vacarlo: los votos en el congreso, la razón legal, la narrativa democrática, la legitimidad, y el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Ni Dina Boluarte ni la mayoría del Congreso quisieron entender lo que la gente demandaba, y anunciaron que se quedaban hasta el 2026, lo que precipitó la crisis en la que estamos ahora. En este escenario, la izquierda no cerronista ni castillista -esa que de diversas maneras fue parte del Frente Amplio en las elecciones del 2016-, cometió el error fundamental de no diferenciarse claramente y desde el inicio mismo de su gestión, del gobierno de Pedro Castillo. Argumentó que no podía hacerlo porque militantes suyos y gente proba tenían cargos en el gabinete, porque se trataba de un gobierno de origen popular, de un gobierno legítimamente surgido de elecciones limpias, porque criticarlo o distanciarse le haría el juego a la derecha golpista.

Pudo y debió hacerlo, aun cuando militantes como Pedro Francke y Anahí Durand, o personas probas como Diana Miloslavic, Gisela Ortiz o Avelino Guillén, tuvieran carteras ministeriales. La izquierda democrática, honesta y consecuente pudo haber saludado sus gestiones y criticado la corrupción y la mediocridad que imperaba en otras carteras. Podo saludar los aspectos positivos del gobierno de Castillo y criticar los aspectos negativos, aunque algunos de sus argumentos coincidiesen con los de la derecha. Debía, en todos los casos, ofrecer a la ciudadanía un proyecto de izquierda mejor, honesto y eficiente, respetuoso de la institucionalidad democrática, y al mismo tiempo consecuente con los grandes cambios que el país requiere.

Al no hacerlo, dejó en manos de la derecha y de sectores liberales la crítica al gobierno, les dejó cancha libre para canalizar el malestar ciudadano hacia salidas abiertamente golpistas en el caso de la derecha o para conducir a salidas políticas de corto plazo, sin perspectivas de mayores cambios, como el adelanto de las elecciones generales, en el caso de los sectores liberales. Peor aún, terminó totalmente asociada a Castillo y a Cerrón, a su corrupción, mediocridad, inconsecuencia, y finalmente a su golpe de estado.

En el nuevo escenario que se abre con el gobierno de Dina Boluarte y su alianza con la derecha congresal y las Fuerzas Armadas, un gobierno cívico-militar por donde se lo mire, la izquierda democrática tiene una nueva oportunidad. Para ello es necesaria una autocrítica de su apoyo al gobierno de Castillo y su alianza con Cerrón, que se sume de manera decidida a la pelea por el adelanto de las elecciones para el 2023 con su propia propuesta de reformas electorales y constitucionales, que no tenga miedo de converger en esa pelea con sectores liberales, que no cometa nuevamente el error de aliarse con izquierdas corruptas, autoritarias, misóginas y homofóbicas para acceder más rápido al gobierno, que ofrezca al país una propuesta propia de salida a la crisis económica, social y ambiental que vivimos, y -sobre todo- que se dedique seriamente a construirla sin buscar atajos.

Construir una opción de izquierda mejor supone, en la práctica, retomar el camino que el proceso del Frente Amplio del 2016 dejó inconcluso, construir un partido político. Este nuevo proyecto político debe partir por entender con claridad cuáles son las raíces profundas de ese malestar ciudadano que se expresó antes en las votaciones por Ollanta Humala el 2006 y 2011, por el FA el 2016 y por Pedro Castillo el 2021, así como cuáles son las razones últimas de la reacción popular contra el Congreso y contra el gobierno de Dina Boluarte.

Para relanzar el proyecto político de izquierda que el país necesita, será importante un balance sincero de las causas de la fragmentación del FA y de la experiencia de gobierno de Castillo y Cerrón, para corregir el curso y tener la capacidad de representar el malestar ciudadano y conducirlo hacia una propuesta y una estrategia de cambio que apunte al respeto de las instituciones de la democracia representativa como a los cambios de fondo que se necesitan para hablar también de una democracia económica, social y cultural en Perú. Será crucial hacer de la derrota de la desigualdad y del abuso, del racismo, del machismo y de la discriminación, ejes centrales de la nueva apuesta.

El reto es representar a ese enorme sector de la población, que una y otra vez en los procesos electorales y de muchas otras maneras, expresa frustración y malestar frente a los resultados del largo ciclo de crecimiento económico y la transición democrática desde inicios de los 2000. El reto es articular la defensa de las instituciones propias de la democracia representativa con las demandas redistributivas en el terreno de la economía con las exigencias de reconocimiento en el terreno de la identidad y de participación en el campo del poder, que son condiciones mínimas para hablar de democracia y de justicia.

En este proceso, además, será necesario articular en una sola estrategia la pelea por lo urgente (adelanto de elecciones), lo necesario (reformas electorales y constitucionales) y lo estratégico (una nueva constitución). Si nos somos capaces de ofrecerle al país una alternativa propia, nos condenamos a seguir siendo socios menores y dispensables de otros proyectos políticos, como antes los de Toledo y Humala y recientemente el de Castillo y Cerrón. Si nosotros no somos capaces de ofrecer al país esa alternativa propia y mejor, el fracaso de la experiencia de Cerrón y Castillo será capitalizada por las derechas corruptas, clasistas, racistas y autoritarias de toda la vida.

El país merece algo mejor.