El ex ministro de economía, Waldo Mendoza inició el año con una provocadora columna en defensa del capítulo económico de la C93. Desde aquí, nos proponemos aportar a la discusión desde la economía respecto a la necesidad de una nueva constitución que contribuya a consolidar un modelo económico más justo.

Durante las últimas semanas, múltiples delegaciones han viajado hacia Lima con el objetivo de exigirle directamente al gobierno que escuche sus demandas. Piden la renuncia de Dina Boluarte y de la mesa directiva del Congreso para convocar a nuevas elecciones generales. Entre quienes se movilizan, la apuesta por una asamblea constituyente se va posicionando con cada vez más fuerza. Una Constitución representa un pacto social en el que el conjunto de la sociedad define las reglas de juego que rigen el proyecto de país del cual son parte. Resulta evidente que un sector cada vez más grande no se siente representado por el acuerdo alcanzado en la Constitución de 1993 (C93) y exigen un cambio.

Siendo la desigualdad económica y social una de las principales agendas pendientes en el país, el rol del Estado en la economía del país resulta medular en esta discusión. El ex ministro de economía, Waldo Mendoza inició el año con una provocadora columna en defensa del capítulo económico de la C93. Para construir sus argumentos se posiciona en contraposición a lo que él asume son las propuestas desde la izquierda para este componente del texto constitucional. Desde aquí, nos proponemos aportar a la discusión desde la economía respecto a la necesidad de una nueva constitución que contribuya a consolidar un modelo económico más justo.

¿Es necesaria una nueva constitución?

A lo largo de los treinta años de vigencia de la C93, nuestros ex ministros de economía se han esforzado en posicionar la narrativa de que la política y la economía pueden correr por cuerdas separadas. En la práctica, estas declaraciones se transformaron en profecías autocumplidas pues sin importar quien gane las elecciones, el rumbo de la economía del país ha sido dirigido por las mismas manos y con las mismas recetas[1].

La tecnocracia que ha orientado la política económica en el Perú ha priorizado objetivos importantes, pero insuficientes: el equilibrio macrofiscal y la promoción de grandes proyectos de inversión en infraestructura que contribuyan a elevar las tasas de producto bruto anual. Junto a ello, una tendencia hacia la desregulación y el debilitamiento de capacidades para garantizar una verdadera competitividad de mercado, ha consolidado la apuesta por un Estado cada vez más pequeño institucionalizado en la C93. El “laissez faire et laissez passer” del liberalismo económico. En este orden de prioridades, la política económica ha perdido completamente de vista el reto pendiente más importante que enfrenta el Perú desde que se constituyó como República: construir una democracia que integre al país y permita cerrar las grandes brechas de desigualdad persistentes.

A pesar de las décadas de crecimiento, los pendientes socio-económicos siguen siendo inmensos. Más de 15 millones de peruanos sufren inseguridad alimentaria (FAO, 2022), 9 millones se encuentran en situación de pobreza y otros 11 millones en situación de vulnerabilidad, es decir en serio riesgo de caer en esta situación (INEI, 2022). Estas cifras no se reparten de forma equitativa a lo largo del país sino que se concentran dolorosamente en las regiones más alejadas de la capital, en zonas rurales y en ciudadanos de procedencia indigena. Así, la necesidad de un desarrollo que alcance a todas las regiones del país y que permita una prosperidad compartida, es una exigencia expresada de forma mayoritaria en cada proceso electoral y desatendida por los candidatos ganadores una vez en el gobierno.

La elección de Pedro Castillo generó expectativa en estos sectores mayoritarios. Defendieron sus votos hasta el final, pues esta vez alguien más próximo a ellos y quien conoce de cerca sus demandas llegaría al poder. Sin embargo, el obstruccionismo del Congreso permitió consolidar entre estos sectores la narrativa de que “no lo dejaron hacer”. Finalmente, luego del intento de golpe, la vacancia a Castillo por el Congreso y la consolidación de un gobierno liderado por Dina Boluarte en alianza con los sectores que perdieron las elecciones, ha generado un punto de inflexión. Si los resultados, en términos de líneas de gobierno, serán los mismos independientemente de la voluntad expresada en las urnas, entonces las reglas que rigen este proceso no son suficientes para garantizar plena democracia. Resulta evidente que los marcos de acción para la política económica trazados por la C93, son insuficientes para responder a estas justas exigencias. Se hace necesario que las reglas de juego sean redefinidas.

Aprendizajes y cambios necesarios

Desde el retorno a la democracia hacia inicios de los 2000s, se han consolidado experiencias y aprendizajes en relación a la política fiscal y monetaria. El Perú ha enfrentado exitosamente en términos macroeconómicos choques externos globales, como la crisis financiera de 2008-2009 o la más reciente crisis por el COVID-19, gracias al equilibrio fiscal y la autonomía monetaria del BCRP.

A pesar del escepticismo de Waldo Mendoza, los sectores de izquierda que proponemos un proceso constituyente apostamos por la continuidad de esos aprendizajes. De los cuales incluso, referentes en economía desde las izquierdas, han jugado roles importantes. Oscar Dancourt, por ejemplo, fue director del BCRP desde el año 2001 y presidió la institución en el 2005. Fue durante su gestión que se implementó el sistema de política monetaria vigente[2], herramienta que nos ha permitido tener bajas tasas de inflación en las últimas décadas y ganar reconocimiento mundial por el buen desempeño de la autoridad monetaria. La limitación de la capacidad de gasto del Congreso para garantizar un equilibrio presupuestal en el marco del artículo 79 de la C93 es otro punto de consenso. Hace pocos meses, fueron las bancadas de derecha del Congreso, quienes intentaron vulnerar este artículo.

La Constitución peruana merece estar a la altura de los retos que enfrentamos como sociedad. Una limitante actual es la apuesta por un excesivo liberalismo económico que le resta capacidades al Estado para jugar un rol en la articulación con el sector privado y promover competitividad. La C93 elevó a rango constitucional, de manera demasiado estricta, las recomendaciones planteadas en los noventas por organismos multilaterales como el FMI. Estas recomendaciones han quedado desfasadas. A nivel global, estas instituciones[3] han dejado de promover medidas que le restan peso a lo público en el marco del Estado mínimo representado en la C93. Hoy plantean un rol más activo del Estado para combatir las desigualdades.

Un ejemplo de ello es el principio de subsidiariedad en el artículo 60 de la C93. La Constitución peruana es la única en todo el mundo que incluye dicho principio en la economía. El mismo se posicionó en Chile en el marco de las reformas llevadas a cabo por el ex dictador A. Pinochet. Sin embargo, una medida tan radical no logró ser introducida a nivel constitucional ni siquiera en su país de origen. Bajo el principio de subsidiariedad, el Estado sólo puede participar en los sectores considerados no relevantes por la inversión privada. De esta manera se lo subordina a los intereses del sector privado. Se hace complejo, así, asumir un rol incluso en sectores estratégicos claves para el desarrollo. En el resto de países del mundo, la participación del Estado en la economía se circunscribe a estos sectores estratégicos como la energía eléctrica, recursos naturales (petróleo, minería) y transporte. La figura de empresas mixtas, en las que participan el sector privado junto al sector público, se ha extendido al mercado tecnológico con mucho éxito en las últimas décadas[4].

En el caso peruano, las restricciones que genera el principio de subsidiariedad entorpecen el rol que podrían jugar las empresas públicas que ya existen en la actualidad en la provisión de servicios públicos importantes, como el agua, el acceso a energía y la inclusión financiera en sectores rurales. Elevar estándares de buen gobierno corporativo, atraer a los mejores profesionales para dirigir estas instituciones y orientarlas a proveer de forma eficiente los servicios hacia la ciudadanía son consignas desde la izquierda para sectores estratégicos. Otra innovación en la C93 es la institucionalización de los “contratos-ley” a rango constitucional, en el artículo 62, generando un contexto de opacidad que ha traído problemas de corrupción a través de continuas adendas como efecto colateral[5].

Desde inicios del siglo XXI, bajo distintos modelos económicos, toda América Latina presentó buenos indicadores de crecimiento económico. El principal factor detrás de estos resultados fue el incremento de precios de los commodities (minerales, petróleo, gas, etc) en el mercado global. La forma en la que se invierten esos recursos en favor de la ciudadanía, poniendo en el centro la superación de la pobreza y la vulnerabilidad, es uno de los principales pendientes desde la política social y económica. Trazar rutas para alcanzar estas metas no pasa sólo por cambiar la Constitución. Sin embargo, la C93 en su apuesta por un Estado mínimo, débil y pequeño, impide alcanzar estos objetivos. Un proceso constituyente se avizora como una vía democrática para construir un nuevo pacto social en el que se incluyan las voces de las mayorías a las que la prosperidad del crecimiento económico no ha alcanzado

 [1] Son excepciones, las tímidas reformas hacia el inicio del gobierno de Ollanta Humala a través de la creación de instituciones como el MIDIS y la apuesta por una reforma tributaria progresiva integral liderada por el ex ministro de economía Pedro Francke en el primer semestre del gobierno de Pedro Castillo. [2] A través de este mecanismo de “flotación sucia” el tipo de cambio puede fluctuar. Sin embargo, la autoridad monetaria ejerce un rol activo para comprar y vender dólares en el mercado nacional, “remando contra la corriente” con el objetivo de mantener la moneda nacional en el marco de los rangos meta fijados. Ver: Dancourt Oscar y Waldo Mendoza (2016). Intervención cambiaria y política monetaria en el Perú.  [3] En declaraciones de la presidenta del FMI, Christine Lagarde: “reducing excessive inequality – by lifting the “small boats” – is not just morally and politically correct, but it is good economics.”  Ver: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061715 [4]Como sustenta la economista Mariana Mazzucato fue el financiamiento estatal el que hizo posible el surgimiento de empresas líderes en tecnología como Google, Tesla o Apple. Ver “The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths”  [5] Sobre el vinculo entre los contratos ley y las adendas de la corrupción resultan muy pertinentes los argumentos planteados por Humberto Campodónico https://otramirada.pe/la-constituci%C3%B3n-de-1993-los-contratos-ley-y-las-adendas