La explosión social que vivimos puso en el centro de la atención pública a la minería ilegal. La participación de mineros informales e ilegales en las movilizaciones y su visibilidad en algunos de los hechos violentos que se produjeron, los pusieron en la narrativa del gobierno, el Congreso y buena parte de los medios de comunicación, que insisten en reducir los malestares sociales y la crisis que vive el país, a la acción de “terrucos”, “narcotraficantes” y “mineros ilegales”, confabulados con la izquierda extrema y el violentismo.

Con el cinismo y la hipocresía que los caracteriza, desde el poder “descubrieron” la existencia de estos actores, muy visibles en la protesta violenta en Chala y en algunas provincias de Puno. Oportunamente olvidaron los largos vínculos que los ligan con las varias derechas del país. Vale decir el respaldo a Keiko Fujimori el 2011, el compromiso que firmara la Central Nacional de Mineros del Perú con la entonces candidata el 2016, para derogar la prohibición de las dragas y relajar la interdicción[1] o la presencia de distintos parlamentarios que los defienden en el actual Congreso de la República, ampliando los plazos para su formalización

La sucesión de hechos violentos que los involucran los últimos años, habla de complejos procesos que se han profundizado y expresan las fracturas del país, que ya el 2007, Durand consideraba partido en lo que llamaba tres zonas, -una formal, otra informal, la tercera ilegal-, cada una con sus propias reglas e interactuando y definiendo un todo. Esos tres sectores, sostenía, se habían articulado y constituían la base tricotómica de la manera en que está organizado el mercado y donde el Estado mantiene relaciones formales e informales, o poco definidas con ellos, lo que hace que esa estructura tenga continuidad, siendo posible identificar una burguesía formal que maneja una economía de empresas registradas, una informal que se ve en los mercados más grandes de las principales ciudades y las “mafias” en las economías ilegales, que son las lumpen burguesías[2].

La sucesión de hechos particularmente violentos hablaba ya de un problema de escala significativa, bastante antes de la reciente explosión social. En junio pasado, la muerte de 14 mineros artesanales en un enfrentamiento armado entre dos grupos en Atico, Caravelí (Arequipa) disputando una explotación; en julio, los enfrentamientos en la comunidad Mamayaque, Condorcanqui (Amazonas), evidenciando la fragmentación de los pueblos awajún a raíz de la minería ilegal en ese departamento; en noviembre, la captura de 21 sujetos con armas de guerra y explosivos en Pataz, La Libertad, región donde en donde el 2022 se sumaban hasta ese mes 47 muertos.

La minería ilegal

En este marco hay que mirar lo que viene ocurriendo con la minería ilegal, que mueve más dinero que el narcotráfico. Lo hacía ya el 2012, cuando el oro ilegal exportado se estimaba en US$1,800 millones[3], alcanzando los US$3,900 millones anuales el 2020, según datos del Ministerio de Energía y Minas[4]. Si bien el Estado desplegó medidas de formalización, como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), de poco han servido para combatir esta actividad. Actualmente hay 88,041 personas inscritas para dejar la informalidad. Sin embargo, el total de formalizados a abril 2022, llegaba apenas a 10,600 personas según lo reportado por el MINEM[5]. El 80% de los mineros ilegales e informales trabajan sobre concesiones de terceros. A pesar de que el proceso de formalización está a cargo de los gobiernos regionales, más del 80% de los recursos del programa de formalización sigue asignado a entidades del gobierno nacional.

En la actualidad, hay entre 300 mil y 500 mil personas que se dedican a la minería ilegal e informal[6]. La diferencia entre ambas actividades es que la ilegal es realizada en zonas prohibidas, como reservas naturales y espejos de agua, mientras que la informal opera en zonas permitidas, pero sin un contrato de concesión ni acuerdo con el titular del yacimiento. Entre ambas producen 24 mil kg de oro, los que requieren, por sus condiciones de producción, por lo menos 48 mil kg de mercurio al año[7]. Aunque las autoridades no tienen estimados sobre el ingreso ilegal de este metal pesado, en un reporte del Consejo de Oro Artesanal de Canadá en 2018 –en el que también participó el Ministerio del Ambiente– se calculaba que entre 410 y 795 toneladas de mercurio no formal ingresaban anualmente desde Bolivia, donde hay varias compañías de empresarios peruanos dedicados a esa actividad[8].

Hoy, este estrato de minería tiene una dimensión distinta y presenta características que se han ido definiendo los últimos años. La minería informal o abiertamente ilegal, ya no solo es aurífera, ha empezado a incorporar otros metales, como el cobre, dado su precio. Si hasta hace un tiempo, la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, no coincidían ni compartían territorios con la gran minería, ahora se encuentran y esa convivencia se está convirtiendo en una disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos y hasta quema de campamentos, es un ejemplo de este nuevo escenario entre la minería formal y la informal.

En los últimos años se ha forjado una especialización en este tipo de actividad que se mueve con promotores por el país que asesoran, prestan servicios; facilitan insumos y canales de comercialización, enganchan con créditos a los nuevos grupos de mineros y al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias, invaden territorios e imponen condiciones con violencia. Es un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia, beneficiándose desde hace buen tiempo de los ciclos de precios altos, acumulando ganancias extraordinarias que alimentan el lavado de activos. Ese poder económico también se traduce en influencia política y social; penetración en esferas del Estado subnacional y nacional; en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, congresistas y hasta algunos ministros han sido sindicados en varios gobiernos por su cercanía a este sector[9]. En los recientes comicios subnacionales, la presencia de candidatos municipales con algún vínculo con estas actividades se observó en por lo menos una veintena de provincias de 12 regiones.

Uno de los datos más fuertes en este proceso es el acelerado ingreso de distintas comunidades campesinas a esta actividad. Comunidades que optan por la extracción minera como actividad complementaria, aunque en algunos casos como principal fuente de ingresos. Esto ocurre por los altos precios, pero también por las presiones dentro de la misma comunidad, impulsada muchas veces por “retornantes” que buscan alternativas para generar ingresos, como por actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal. En esta modalidad, una asamblea comunal, es la que decide incorporar la extracción artesanal de minerales en las tierras comuneras para mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida. La decisión comunal se basa en el principio de no deshacerse de la tierra, su principal activo y capital de reserva. En este marco, crecientemente distintas comunidades campesinas y mineros artesanales se asientan en terrenos concedidos a grandes empresas como Southern y MMG, generándose nuevos escenarios conflictivos, nuevas organizaciones como la Confederación de Comunidades de Entornos Mineros y los “pescadores políticos” que se instalan alrededor de ellas.

La necesidad de medidas urgentes

Estamos frente a una bomba de tiempo. Si no se enfrenta integralmente esta problemática, todo intento de respuesta será insuficiente. En el corto plazo, hay pasos indispensables. El REINFO que es laxo e ineficiente y es utilizado políticamente por el Ejecutivo y el Congreso que lo han abierto por tercera vez hasta el 2024 impidiendo una política seria de formalización para los mineros artesanales e informales y facilitando la acción de los ilegales, debe cumplir su función. Es perentoria una política nacional desde el MINEM para fortalecer y facilitar el trabajo de las regiones, históricamente desamparadas por el sector.

Es urgente revisar el marco normativo de concesiones mineras, debido a la superposición de derechos (con actividades forestales, agrícolas, etc.) y a la descoordinación entre los gobiernos regionales y el INGEMMET. Igualmente, identificar aquellos titulares que se hacen pasar por Pasivos Mineros Ambientales cuando deben ser considerados en el Régimen General, porque superan el tamaño de la superficie medido en hectáreas permitidas, entre otros aspectos. En el mediano plazo el objetivo debe ser reducir y ordenar el crecimiento de la pequeña minería y la minería artesanal y erradicarla de las zonas prohibidas. Ello exige que el Estado fortalezca su rol regulador, fiscalizador y sancionador y apruebe e implemente políticas integrales de gestión del territorio y de los recursos naturales, la protección del agua, la política de concesiones, la diversificación económica y la gestión e institucionalidad ambiental.

 [1] https://ojo-publico.com/208/la-mineria-ilegal-como-actor-politico-en-campana  [2] Durand, F. (2007). El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva. Fondo Editorial del Congreso, Lima. [3] Macroconsult (16 de mayo de 2012): Exportaciones de oro ilegal suman US$ 1,800 millones y superan al narcotráfico, Gestión, Lima https://gestion.pe/ economia/macroconsult-exportacionesoro-ilegal-suman-us-1-800-millonessuperan-narcotrafico-11015-noticia [4]https://energiminas.com/peru-pierde-us3900-millones-anuales-y-ecosistemas-enteros-por-la-extraccion-ilegal-de-oro/ [5]https://mineriaenergia.com/mineria-ilegal-solo-se-ha-formalizado-el-11-de-mineros-que-buscan-dejar-la-ilegalidad/ [6] Valdés, Ricardo; Carlos Basombrío y Dante Vera (2021): Las economías criminales y su impacto en el Perú, Konrad Adenauer Stiftung- Capital Humano y Social Alternativo – USAID, Lima https://www.kas.de/documents/269552/0/Libro+Final+Econom%C3%ADas+Criminales+y+su+Impacto+en+el+Per%C3%BA.pdf/843cce71-8505-21e5-301d-cc0d1c8d3711?version=1.0&t=1631908627752 [7] Conexión Esan. (28 de agosto de 2019): Minería informal: ¿cuál es su situación actual en el Perú?, en, Conexión, ESAN. (Entrevista a Ricardo Cayo). https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/08/mineria-informalcual-es-su-situacion-actual-en-el-peru/  [8] https://ojo-publico.com/especiales/ruta-clandestina-del-mercurio-entre-peru-y-bolivia-para-la-mineria-ilegal/  [9] https://cooperaccion.org.pe/el-estado-retrocede-ante-la-mineria-ilegal/