Uno de los problemas de sustentar el crecimiento de la economía nacional en las inversiones privadas para la extracción y exportación de minerales, como han hecho los gobiernos del país desde los años 1990, es que esta actividad tiene prioridad absoluta para el gobierno, además, se vende a la opinión pública como prioridad nacional (¿quieren bajar la pobreza? Necesitamos los recursos de la minería!!!) Por ello, cualquier objeción a un proyecto minero aparece como particularismo en contra del interés nacional.

Muchas veces, la población más o menos cercana de un yacimiento objeto de un mega proyecto de inversión se ha movilizado para exigir diversas demandas. Los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo los llaman “conflictos socio ambientales”. La mayoría de las veces son conflictos redistributivos, es decir, la población, a través de acciones colectivas busca obtener beneficios: obras, jornales, mayor pago por sus tierras, sea de la empresa o del Estado. Eso ha sucedido por ejemplo en Apurímac (Las Bambas) o Ancash (Antamina). Ha habido también movilizaciones de población exigiendo ser reparada por daños a la salud ocasionados en daños ambientales de la actividad: se puede recordar en derrame de mercurio de la empresa Yanacocha en Choropampa que contaminó un pueblo completo, o las movilizaciones de pueblos indígenas del río Corrientes y otras cuencas cercanas, contra las empresas petroleras que, para ahorrar cuatro centavos, echaban las aguas contaminadas con metales pesados que salen del subsuelo junto con el petróleo, a los ríos contaminándolos.

Tras la movilización, el Estado obligó a las empresas a reinyectar al subsuelo las aguas como se hace en todo el mundo. Están aún pendientes, sin embargo, demandas por descontaminar los ríos, pero hasta ahora no se responden. Demandas semejantes se producen en Puno, en la cuenca del Coata, por ejemplo, donde la población de cinco distritos vive, bebe, cultiva y cría ganado en un entorno de aguas contaminadas por minería tanto legal como ilegal. El Estado otorga prioridad a la actividad extractiva (minera y petrolera), y además carece de herramientas, técnicas y operativas, para controlar y corregir los efectos de estas actividades en el ambiente. En un país árido como el Perú, altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, esa situación es insostenible. Pero se sostiene. Y se busca ampliar con nuevos proyectos.

Por su parte, los movimientos sociales han frenano esta carrera por conseguir más inversiones que abran más proyectos mineros sin destinar más recursos al control y la remediación de sus efectos negativos sobre el ambiente (el agua, los bosques, el aire, el suelo) Efectivamente, hemos visto en estas dos décadas algunos casos en los que la movilización de la población ha logrado detener algunos de estos megaproyectos mineros, en algunos casos con pérdida de vidas humanas, siempre invocando el alto riesgo ambiental de la actividad.

El primero fue cuando el conjunto de agricultores y trabajadores agrícolas del rico valle de Tambogrande en Piura, los grandes y los pequeños, los exportadores y los productores para mercado interno, se movilizó en contra de la empresa Manhattan Sechura que buscaba explotar un rico yacimiento polimetálico que ponía en riesgo la calidad e inocuidad de la producción del valle. “Agro sí, Mina no” se levantó como reivindicación de la movilización social que, entre acciones colectivas de protesta y la primera consulta organizada por la población con su alcalde, en 2002, el proyecto se detuvo y luego se canceló. Otro valle de la costa, Majes en Arequipa, gran productor de alimentos, se levantó también, esta vez contra la empresa Southern Peru y su intento de llevar adelante el proyecto minero Tía Maria. Era el gobierno de Alan García y la represión al movimiento costó vidas humanas. La empresa pretendía “compartir” el agua, escasa en esa zona árida, que le cuesta muchísimo a los agricultores, para ahorrarse el gasto de una planta desaladora de agua de mar. Tras los muertos por la represión, una institución internacional le dio la razón a los pobladores cuando evaluó que efectivamente el agua disponible no alcanzaba para abastecer el consumo de la población, mantener el riego de los campos y desarrollar una actividad minera. El proyecto, sin embargo, se mantiene en espera.

Uno que terminó paralizado fue el intento de la empresa Yanacocha en Cajamarca por ampliar sus operaciones al cerro Quilich, precisamente la cabecera de la cuenca de donde sale el agua que bebe la población de Cajamarca y riega su campiña. La fuerte movilización en septiembre de 2004, primero rural, de las comisiones de regantes, y luego masivamente urbana, acabó con el proyecto. La movilización expresa la pérdida de expectativas de la población de Cajamarca en conectar minería y desarrollo: Yanacocha explota en Cajamarca desde hace más de veinte años uno de los yacimientos de oro más ricos del mundo y ostenta el doloroso primer lugar en incidencia de pobreza en el Perú.

Aún en Cajamarca, en 2012, la misma empresa Yanacocha intentó desarrollar otro proyecto minero, Conga, que se proponía convertir lagunas de la zona, que como se sabe nutren las cuencas de agua en la estación seca, en pozas de relave. A pesar al apoyo al proyecto minero de quien acababa de ser electo presidente desde una posición de cambio, Ollanta Humala, la consigna “Conga No Va”, se generalizó en el país y la movilización de los campesinos, organizados en rondas, logró detener las operaciones, aunque la empresa mantiene su campamento en la zona y el proyecto está esperando.

Estas acciones de rechazo de la población al desarrollo de proyectos mineros en sus entornos por el riesgo -que nadie controla- de impactos negativos en el ambiente, no siempre resultan en situaciones definitivas. Como hemos visto, a pesar de masivas movilizaciones de rechazo y consultas, las empresas y el Estado insisten.

Un caso semejante es el proyecto minero Rio Blanco (que antes se llamó Majaz), que busca explotar a tajo abierto un gran yacimiento de cobre y molibdeno ubicado en el distrito piurano de El Carmen de la Frontera en la provincia de Huancabamba, cerca (y afectando) la provincia de Ayabaca y las provincias cajamarquinas de Jaén y San Ignacio. El yacimiento se encuentra en tierras inscritas en los registros públicos como propiedad de dos comunidades, Yanta y Segunda y Cajas. Estas son comunidades originarias, con títulos antiguos y continuidad histórica de dominio.

Pero además de los instrumentos legales de propiedad de las comunidades y su ancestral conducción, la zona posee un ecosistema muy frágil, que provee de agua a Jaén y San Ignacio, zonas productoras de excelente café. Por su parte, en esta zona se origina el agua que termina formando los ríos de la costa piurana. Se trata de un sistema de páramo, único en el país, con “bosques de niebla” que condensan el agua de las nubes que se forman por evaporación del agua del mar. La naturaleza logra que los árboles absorban niebla, la transformen en agua que gotea al suelo y, junto con nutrir el bosque, va formando gota a gota, los caudales que terminan regando la costa. Una maravilla de la naturaleza, pero un ecosistema delicado, que puede ser alterado por las explosiones de la extracción a tajo abierto y el polvo nocivo que ocasionarían.

El inicio del conflicto data de julio de 2005 cuando ronderos campesinos observan que helicópteros descienden en la zona, sin haber informado a las comunidades y menos haber pedido su autorización para ingresar o instalar un campamento. Las protestas protagonizadas por campesinos de Huancabamba, de Ayabaca, de Jaen y San Ignacio, reclaman dos temas: el probable daño a su ambiente, y el hecho de haber iniciado exploraciones con autorización del gobierno central, pero sin contar con el permiso de las comunidades.

La brutal represión del gobierno a las manifestaciones de protesta con el saldo de dos muertos, y de la agresividad de las propias personas de seguridad de la empresa Monterrico Metals, entonces propietaria del proyecto, acusada de haber secuestrado y torturado a 28 campesinos, no detuvieron a la población y en alianza con los alcaldes de la zona, el distrital de El Carmen de la Frontera y el provincial de Ayabaca, organizaron una consulta a la población preguntando si deseaban o no el proyecto minero. La consulta se realizó con todas las formalidades de un acto electoral, con el padrón de electores completo, cámaras secretas de sufragio y observadores internacionales. La participación de la población fue masiva y el NO ganó por más de 95%.

Con un juicio encima por secuestro y tortura y ante el masivo rechazo de la población, la empresa Monterrico Metals vendió su opción de explotación del proyecto que entonces se denominaba Majaz. Lo adquirió un consorcio de tres empresas chinas (Zijin Mining Group Co; Tongling Nonferrus Metals Group Co. y Xiamen C&D Real State Co.) que cambió el nombre del proyecto: Rio Blanco.

Hasta ahora, la población, organizada en rondas campesinas y comunidades, ha reiterado su rechazo a la empresa minera al igual que las autoridades locales que le han negado autorización para abrir oficinas en Ayabaca o en Huancabamba. En 2012 los nuevos propietarios hicieron un nuevo intento de avanzar en la exploración, pero fue rechazado por las autoridades, incluso regionales que defienden el agua de riego de sus valles, y por supuesto por la población que cuida su entorno de vida inmediato.

Recientemente, sin embargo, aprovechando la crisis social y el cambio en la conducción del gobierno, la empresa ha presentado un plan de manejo inicial por dos mil millones de dólares que el gobierno está considerando, y por otro lado vuelve a intentar que dirigentes de las comunidades y de las rondas firmen las autorizaciones. La empresa busca repetir lo que hacen muchas mineras: ofrecer dinero para romper la organización. No lo vienen logrando y tratan de presentar como autorizaciones firmas de asistentes a cursos de capacitación o actividades semejantes.

Ante estos nuevos intentos, la Central Única Provincial de Rondas de Ayabaca - sede Hualcuy convocó para el 22 de mayo pasado a una movilización contra el proyecto minero, a la que se adhirió la federación provincial de Comunidades Campesinas - FEPROCCA.

El resultado de la convocatoria fue una masiva marcha, con decenas de miles de personas en el pueblo de Ayabaca, que mostró la firmeza de la población en defensa de sus bosques de niebla, sus fuentes de agua y el legítimo territorio de sus comunidades.

Si bien la movilización no ha trascendido a la prensa nacional, sí ha recibido apoyo de los obispos de Chulucanas, Chachapoyas y Jaén quienes bajo el epígrafe: “He oído el clamor de mi pueblo, y he venido a liberarlo (EX 3, 7-8)”, manifiestan que “El Estado Peruano viene ignorando además la Constitución y las leyes, al afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, afectando el derecho a la propiedad comunal ya que el proyecto minero nunca obtuvo autorización de los 2/3 de la asamblea comunal y tampoco se ha aplicado la consulta previa, tratándose de comunidades ancestrales las afectadas por el proyecto. Exigimos reconocer los resultados de las consultas populares realizadas el 16 de setiembre del 2007, donde el 95% de los votantes en promedio, se pronunciaron por la no realización de actividades mineras en sus territorios. Pareciera que la búsqueda de ocultos intereses es más importante que el respeto a las leyes, a la Constitución y a la economía del país.”

Más útil que una carrera por buscar más inversiones en explotaciones mineras en espacios frágiles, cuyos efectos ambientales el Estado no está en capacidad de controlar ni de remediar (si acaso fuera posible), sería apoyar la consolidación de la agricultura familiar para el mercado interno que alimenta a treinta millones de peruanos sin ningún apoyo hasta ahora y da trabajo a muchos más ciudadanos y ciudadanas que la actividad minera, y valorar los servicios ecosistémicos que brinda el páramo. Cuidemos los bosques de niebla; valoremos nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad y la organización de las poblaciones rurales. Volvamos a mirar el interior, el trabajo y la alimentación, como hacen los movimientos sociales que defienden el ambiente.