La protesta social en el país tiene de fondo claras banderas de carácter democrático: la renuncia de Dina Boluarte, la convocatoria a elecciones inmediatas y el cambio de la constitución fujimorista vía una Asamblea Constituyente. Pero, también, en la protesta existe un profundo ánimo cuestionador al asfixiante centralismo limeño.

Cuestionar el centralismo no debe quedarse en los límites de una tibia descentralización administrativa. Sino, avanzar en alternativas en torno a la regionalización, en el entendido que la regionalización es el mejor instrumento para lograr una verdadera descentralización.

Como bien sabemos, el debate sobre regionalización no es nuevo. Desde el inicio de la República, en la Constitución de 1828, se desechó el federalismo, con el cual los constituyentes de ese entonces simpatizaban, pero que consideraban que en esas circunstancias no era oportuno.

A lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, se han sucedido numerosas propuestas y se han llevado a cabo diversas ensayos y experiencias, que han terminado en sucesivas frustraciones.

Sin embargo, la regionalización sigue siendo un tema capital si anhelamos desarrollo con justicia social que procure una vida digna para las peruanas y peruanos en armonía con la naturaleza.

Y es que la regionalización, al fin y al cabo, tiene que ver con el adecuado uso de nuestro territorio, de nuestros bienes naturales comunes y de nuestras capacidades históricas, culturales, productivas y sociales, pues el fin de ella debe ser el “buen vivir” de las gentes que habitamos este país.

La regionalización tiene que ver con elevar los niveles de democracia. La participación de las ciudadanas y ciudadanos es vital en este proceso, que no puede ser una imposición que caiga del Estado o del gobierno central. Por el contrario, tiene que ser impulsado por la voluntad de los pueblos. En tal sentido, la ciudadanía debe desarrollar una identidad de región que se oponga a localismos y pequeños chauvinismos.

La regionalización, tiene que asumir una mirada de largo plazo, donde la planificación participativa ocupe un lugar central. No es posible dejarla en manos del mercado, porque es un proceso que tiene que estar en manos de la gente, pues es a sus necesidades y expectativas de vida digna, que debe responder. Las regiones y sus gobiernos deberán tener la capacidad de decidir. El solo otorgar competencias como administrar, gestionar, promover, apoyar o proponer son insuficientes desde una perspectiva democrática que desconoce o cuestiona la capacidad de las regiones para asumir el reto de su desarrollo futuro.

Los puntos señalados parecieran refritos de tiempos pasados, pero, hoy cuando la regionalización se confunde con una recortada descentralización que ha llegado a reducirse a transferencias, obras y avances de inversión, vale la pena volver a señalar cuestiones fundamentales cuando hablamos de regionalización.

La propuesta de regionalización debe tener la cordillera o el macizo andino como eje del ordenamiento territorial. Y entender que el territorio no solo es un recurso a explotar o usar. Ser conscientes que la actividad humana modifica el territorio y el medio ambiente.

En nuestro caso, los actuales departamentos de Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua y Tacna, deberían conformar la Macro región Sur. Ello debido a la articulación y complementación que existe entre estos departamentos en relación a recursos naturales, producción agropecuaria, identidad cultural y la matriz andina de los habitantes que la conforman. El desarrollo de cadenas productivas, de industrias y de valorización debiera darse a partir de esta realidad.

Detrás del slogan “Perú, país minero” o “el sur andino, región minera”, hay la intención de reducir la capacidad y ambición, que debe conllevar la regionalización, a mínimos que desean persistir en convertirnos en un país y una región solo extractivista de recursos naturales. La propuesta de la Macro Región del Sur Andino está en las antípodas del modelo de “desarrollo” que sólo busca la extracción de minerales para su exportación en bruto.

La regionalización no puede ser dejada en manos de la tecnocracia de la gestión pública que solo ve aspectos cuantitativos o de gestión. Ella debe ser un proceso profundamente democrático donde la participación ciudadana sea el actor principal y no un remedo de ello, como hoy sucede con los llamados consejos de participación ciudadana que existen a nivel municipal y regional.

Por ello, la regionalización es parte de la lucha democrática de nuestro pueblo, en tal sentido es necesario involucrar a los actores y organizaciones sociales en la conversación y discusión, alrededor de este importante tema.