Una primera pregunta es por la naturaleza de la pequeña minería artesanal. ¿En qué se diferencia de la gran explotación minera?

Bueno, se denomina pequeña minería porque está dividida en pequeñas unidades y personas individuales que hacen minería. Sin embargo, es un grupo económico fuerte porque genera trabajo para mucha gente. Por ejemplo, haciendo una comparación con la gran minería, por ejemplo, Cerro Verde tiene unos tres mil trabajadores y produce 700,000 toneladas. Mientras que, nosotros, en una sola base en Arequipa, en Secoya, producimos más o menos unas 40,000 toneladas al año, pero damos empleo a 25 mil personas. Es una gran diferencia y una gran realidad que existe en todo el Perú. Lo que pasa es que el Gobierno no la ve como una oportunidad de inversión, una oportunidad de formalización de la pequeña minería, minería artesanal, sino lo ve como un problema. Por ello, nosotros estamos trabajando en resolver la formalización, estamos preparando nuestra normativa, ya tenemos una propuesta que está en el Congreso para su dictamen en la comisión de energía y minas. Pero nadie le da importancia. Las autoridades lo dejan ahí, no están ayudando. Este proceso de formalización empezó hace diez años; sin embargo, el gobierno hizo una ley en un gabinete y ha fracasado, solamente se ha formalizado el 1% y se han gastado más de 800 millones de soles. Ese proceso no tuvo mayor avance y por esa misma razón nosotros hemos trabajado un proyecto de ley que sí podría resolver, sino del 100%, por lo menos el 80% de toda la informalidad ligada a la minería. 

¿Cuáles son las diferencias entre la propuesta gubernamental y la suya?

La gran diferencia es que esa Ley que han dado en el 2010 y han ido perfeccionando hasta ahora no se puede aplicar en la práctica. Por ejemplo, de acuerdo a esa norma, para formalizarse, el minero tiene que cumplir cuatro o cinco requisitos, uno de los cuales es acreditar propiedad. Y cómo tenemos que acreditar la propiedad, es a través de un contrato de cesión o explotación, o caso contrario tener una concesión. Entonces, que el 95% de todos los mineros en el Perú, de pequeña minería y minería artesanal, trabaja en denuncios de terceros, o sea no trabajamos en denuncios que son nuestros, sino en denuncios de terceros. Dado ello, la condición de ser propietario para acceder a la formalidad es imposible. La ha colocado quien no sabe nada de la realidad de la pequeña minería.

¿Y cuál es la propuesta de ustedes sobre ese tema?

Nosotros planteamos que ese requisito no debe ser absoluto, sino debe haber otras opciones. Por ejemplo, un procedimiento eficiente porque los concesionarios no quieren firmar contrato formal de arrendamiento y nosotros estamos diciendo que debe haber un procedimiento administrativo, en el que, cuando un pequeño minero solicite ser formalizado y cumple con acreditar toda su documentación, entonces el dueño de la concesión debe tener un plazo, pasado el cual, el Estado debe resolver y debe decir "bueno, en este caso, ya que este señor ha hecho un denuncio, no está trabajando; sin embargo, este pequeño minero sí lo está haciendo, está produciendo, está dando trabajo, además está cumpliendo con el tema ambiental, ocupacional, entonces el Estado tiene que darle el derecho al pequeño minero, porque está haciendo lo que el concesionario deja de hacer".

Entiendo que ustedes están exigiendo cortar con la especulación alrededor de las concesiones mineras y que el minero que explota sea el dueño de la concesión.

Correcto. No necesariamente dueño, sino debe tener derecho de explotar. Porque recuerde usted que la concesión no es una propiedad, sino es un derecho de explotar el recurso natural nada más, es una concesión, no es una propiedad. Porque en el Perú, para su conocimiento, hay más de 25 millones de hectáreas concesionadas. Y de las cuales, solamente en área efectiva de operación se halla el 3% al 4%. Quiere decir que más o menos 19 millones están acaparadas y en ellas nosotros estamos trabajando mientras que los concesionarios no quieren firmar un contrato que nos formalice.

¿Cuál es su punto fundamental?

Nosotros estamos por establecer tres criterios claves: pagar impuestos, no contaminar y cumplir con salud ocupacional. El tema de la concesión querríamos arreglarlo con el Estado porque es un recurso natural cuya propiedad es pública. Nosotros no estamos yendo a sacar mineral trabajado por algún concesionario, sino que lo sacamos directamente de su estado natural. Entonces, deberíamos tener derecho a la formalización sin pasar por tratos con concesionarios que no han hecho nada y traban todo proceso legal.

Una imagen frecuente respecto a la minería informal, es que el trabajo es muy precario y es efectuado por menores de edad. Cuál es su apreciación con respecto a este punto.

Buena parte de esas afirmaciones son falsas. Quizá en algún momento han sido verdaderas, pero ha sido en el pasado, porque hoy en día nosotros hacemos minería responsable. No podemos estar haciendo trabajar personas que no cumplan con seguridad ocupacional, que no reúnan los requisitos dentro de lo que es una operación minera. Es más, no podemos trabajar con niños. El gobierno siempre dice eso, que la minería artesanal significa trata de personas, contaminación, evasión de impuestos. Pero no es cierto. Nosotros no podemos vender un kilo de mineral sin facturar, todo es con debida revisión, como debe ser. Ahora, también es cierto que hay gente que no acepta la formalización, es una minoría reducida que está activa desde el comienzo. Por otro lado, se encuentra cansancio, como ya ha pasado tanto tiempo y no hay ningún resultado, la formalización ha perdido atractivo y algunas personas están incumpliendo algunos temas legales, pero la mayoría persistimos en el camino de formalización. Tampoco todo es bueno, siempre hay algunas cosas que corregir y muchas por aprender. 

También quisiéramos saber cómo es el proceso de producción del mineral. Por ejemplo, en Secocha cómo se extrae el oro, cuál es el procedimiento de venta, ¿Dónde termina ese oro?

Entre nosotros algunos se dedican solo a explotar y otros a toda la cadena productiva, incluyendo el procesamiento. Normalmente, la mayoría extrae y vende a las plantas convencionales que existe. Por ejemplo, las medianas mineras que están procesando oro, cobre nos compran y nos pagan de acuerdo a ley. Nosotros lo que hacemos es ir al cerro, buscar una veta y, si tiene algún valor, empezamos a trabajar. En este momento estamos en proceso de formalización, no podemos incumplir la normatividad porque arriesgamos la cancelación de nuestra inscripción en REINFO, entonces estamos cumpliendo. Igual con el personal, igual con la postulación, todo es legal, nada se puede hacer ilegal. Aunque, hay algunos mineros que no tienen esos documentos y utilizan a quienes están al día para facturar su carga, su material.

Pero, según alguna información la brecha existente entre el oro exportado y el oro producido, es aproximadamente 1,521 toneladas de oro entre los años 2015 y 2019. Esto significa que el 68% del oro exportado es de origen ilegal o informal.

Sí, sucede que mucha gente produce y no reúne algunos requisitos, y el mercado negro resuelve el problema. El gran problema del Perú es vender legalmente el oro, el Estado en lugar de dar facilidades al productor, lo fiscaliza por todos lados, de tal manera que realiza exigencias absurdas. Por ejemplo, el Estado le dice al comprador que, para comprobar la procedencia del mineral, usted tiene que, en la hora que esté haciendo la transacción con el minero que trabaja en ese cerro enviar un video, pero no toma en cuenta la inexistencia de corriente eléctrica, de señal de Internet y de facilidades de comunicación O sea, cuando estás comprando el oro o cuando estás procesando, se tiene inmediatamente que conectar con el Estado para que se verifique que el oro es de esa procedencia, con las coordenadas, imagínese. Entonces cómo voy a hacer eso, es algo de locos, eso no se puede hacer. Y así varias cosas. Entonces ese es el problema. Por ello, en lugar de vender legalmente se vende ilegalmente porque facilita, ayuda, al menos se gana más dinero porque se ahorra en no cumplir con los trámites. No solamente plata, sino sobre todo tiempo.

En ese sentido, ¿se necesita más Estado, que haga presencia en los lugares de producción para que los mineros puedan trabajar de forma legal? 

Claro, la ley dice que el comercio del oro es libre. Sin embargo, hay unas disposiciones que cada autoridad establece para limitar ese derecho. Por ejemplo, para obtener explosivos legalmente hay que pagar en trámites una cantidad tan alta que supera la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de pequeños mineros.

¿Y cómo se consiguen los explosivos entonces? 

Entonces qué se hace, como el explosivo está a la vuelta de la esquina, voy y compro ahí pues, para qué voy a hacer trámite ¿se da cuenta? Entonces eso perjudica el Estado, porque no me da las facilidades, entonces tengo que acudir al mercado negro. Entonces el Estado no entiende, el Estado no comprende que la informalidad es una oportunidad de inversión, entonces lo que hay que hacer es darle la oportunidad para que se formalice, pero sin poner vallas impasables. 

Pero, cuál es tu apreciación de la falta de voluntad del Estado. ¿Es solamente falta de sensibilidad, es una cuestión de burocracia, o es que hay otros intereses para obstaculizar la labor de los pequeños mineros?

Hay de todo, primero el gobierno central carece de información real respecto a la minería. Asimismo, ciertas instancias del gobierno no están interesadas en la formalización. Pienso que al gobierno regional de Arequipa no le interesa la formalización porque su burocracia es muy ineficiente. Otro tema son los intereses del gran poder económico que busca eliminar la competencia que puede realizar la pequeña minería.

¿Tú crees que hay grandes empresas interesadas en los territorios donde ustedes trabajan, en las concesiones que están trabajando?

Claro que sí. Nosotros le estamos quitando terrenos. Es más, nosotros hemos trabajado ahí porque no se sabía si efectivamente había alguna veta. El concesionario solamente ha marcado las coordenadas en un mapa y luego arregla con los mineros para que exploren si su concesión vale algo. Si es el caso, entonces impone una regalía y a veces lo entrega a unos y otros mineros informales provocando contradicciones.

Una última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la minería de zonas de altura y la que se realiza en la selva, por ejemplo, en Madre de Dios?

En la selva es más susceptible de contaminación porque es un espacio abierto donde abunda flora y fauna. Mientras que lo nuestro es en zonas casi desérticas y trabajamos en socavón. El impacto es muy distinto y en nuestro caso es reducido. Aunque, también vemos de mitigarlo a través de consultoras especialistas en ese tema para que puedan resolver cómo se puede resolver un impacto ambiental. 

*Entrevista efectuada por el Laboratorio de Política y Cultura de Arequipa en el mes de mayo.