El suicidio político de Pedro Castillo, resultado de su pretendido golpe de Estado, marcó un nuevo momento en el deterioro constante de nuestras precarias instituciones y en el vaciamiento del poco contenido que le queda a la democracia que tenemos. Las movilizaciones y protestas que estallaron en el sur del país, fueron respondidas, violentamente y con una fuerza desproporcionada, por agentes del Estado. Ni los muertos y heridos que se multiplicaron, ni la violencia verbal que instaló el Ejecutivo, con el beneplácito de buena parte de los medios de comunicación, tuvieron consecuencia política en esta oportunidad, no obstante la extensión, la prolongación en el tiempo y la magnitud del estallido social y la represión. Al contrario, la coalición autoritaria que se instaló en el gobierno el 7 de diciembre pasado, ha ido afianzándose mal que bien, sumando a parte de las élites del país, temerosas de la reedición de un fenómeno electoral como el de Castillo y más asustadas aún, por un eventual desborde popular.

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la ciudadanía comparte mayoritariamente lo que han sostenido en sus informes distintas organizaciones internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder (CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch), que se produjeron a partir de diciembre pasado, en el marco de las movilizaciones y protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. 81% de los encuestados cree que en las protestas se produjeron violaciones de los derechos humanos y 71% señala que hubo excesos de las fuerzas del orden en su intervención, no obstante reconocer que en aquellas se produjeron algunos actos de vandalismo, de los que un 55% responsabiliza a una minoría de protestantes. En la misma medición, 7 de cada 10 peruanos considera que sus derechos básicos, el derecho a la protesta y la libertad de expresión no están protegidos en el país.

La desaprobación de Boluarte se ha consolidado en 79% (87% en el sur y 85% en los estratos D y E), mientras que su aprobación alcanza, apenas 15%. La desaprobación del parlamento, 90% (94% en el sur y un sorprendente 92% en Lima) y su aprobación, un patético 6%, son los peores números que registra desde que se empezaron a hacer estas mediciones. Aunque 8 de cada 10 encuestados cree que lo más conveniente para el país sería adelantar las elecciones para antes del 2026 (88% en el sur, 74% en Lima) y sólo 15% se muestra a favor de que permanezca en el gobierno hasta el final de su mandato, apenas poco más de la mitad de quienes lo expresan, considera que así va a ocurrir, 46% (44% en el sur), mientras 43% cree que se quedará.

En estas circunstancias hay distintas interrogantes que exigen respuesta. Unas van por los alcances y límites de las movilizaciones y protestas que a sus demandas iniciales añaden hoy el dolor y la memoria de muertos y heridos, así como la rabia que resulta del terruqueo y la descalificación desde el poder. Otras, buscan explicar la estabilidad relativa del autoritarismo que nos gobierna. En las líneas que siguen compartiremos una mirada en esta segunda dirección.

El autoritarismo parlamentario

Desde la instalación del Congreso actual, las derechas que son mayoría, se dedicaron, como parte de su contribución a la degradación de la democracia, a insistir con la cantaleta del fraude electoral, montando la primera Comisión Investigadora del parlamento, inmediatamente tras su instalación. Guiados por su ánimo de revancha, se abocaron pronto a buscar vías para vacar al ex Presidente y para arrinconarlo en nombre de su función de control político, “naturalizando” la vacancia presidencial con una mayoría calificada de votos, sin mayor expresión de causa; fracasados sus dos primeros intentos, cuando se aprestaban al tercero, Castillo les entregó su cabeza con su versión caricaturesca del Fujimori del autogolpe. En nombre de la misma función de control, sólo en el primer año del gobierno anterior, se presentaron nueve mociones de censura ministerial, de las que se aprobaron cinco; se recibieron treinta mociones de interpelación ministerial y se llevaron adelante trece, habiéndose presentado veinte denuncias constitucionales contra Castillo, incluyendo una por traición a la patria. No llegaron a vacarlo pero le hicieron la gestión imposible, más allá de la incompetencia, el clientelismo y la corrupción presentes en ese gobierno.

Simultáneamente, el Congreso, liderado por las derechas extremas, que establecieron pronto los puntos de una alianza conservadora con Perú Libre y sus derivados, se lanzó a la captura de distintas instituciones que administran justicia. La elección del Tribunal Constitucional fue el primer paso. El segundo busca acabar desde hace dos años con la independencia de la justicia electoral; la arremetida, acompañada hasta de barras bravas, incluyó amenazas de muerte, campañas violentas de movilización y de noticias falsas, así como amenazas de destitución contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recomendadas ambas, por el Tribunal Constitucional, cumpliendo con pagar su deuda con los parlamentarios por su designación.

La elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo fue el tercer paso, facilitado también por el TC que resolvió la contienda competencial con el Poder Judicial, a favor del Congreso. Su elección, promovida finalmente por Fuerza Popular y la agrupación que llevó al gobierno a Pedro Castillo, tras un proceso plagado de vicios y arbitrariedades que a estas alturas no sorprende a nadie, después de un concurso por demás opaco, permite medir el deterioro y la pérdida del poco contenido que le queda al sistema democrático y es parte de la ola autoritaria que avanza por el mundo, donde la justicia y su independencia están entre sus principales blancos, como lo demuestran los casos de Hungría, Polonia, Nicaragua o Filipinas, por citar apenas algunos. Su elección apunta al control de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar o destituir jueces y fiscales, donde el Defensor encabeza la comisión que define los integrantes de aquella. Controlar los órganos electorales, siguiendo el modelo de Ortega en Nicaragua y la pretensión similar de AMLO en México, es uno de los pendientes que seguramente abordarán en un futuro próximo.

Junto con el control de la justicia, los parlamentarios avanzan en la captura de distintas instituciones autónomas que deben regular y ordenar diversas actividades que buscan ser definitivamente aprovechadas por grupos mafiosos. Fue el caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aceptado por la señora Boluarte, pero también fueron las presiones sobre el tema del transporte, mientras continúan aquellas, alrededor de la tala, la pesca y la minería artesanales. En este último caso, la reciente ampliación del plazo para la formalización y el cambio en el mecanismo de acción sobre los campamentos informales, eliminando la incineración/destrucción de materiales, constituye un ejemplo, que supone un grave riesgo para los defensores ambientales.

En el camino seguido, el ejercicio del poder está cada vez más en el Congreso. Evidencias de lo que decimos son el último crédito suplementario que incluye un anexo de obras priorizadas desde la Avenida Abancay, con un monto de inversión de 520 millones o la eliminación de la pérdida de confianza como causal para cambiar a los integrantes del Comando Conjunto, las FFAA y la PNP, dependientes de la Presidencia. En esta dirección, la bicameralidad, que parece su urgencia mayor, está diseñada para mantener el poder y la hegemonía de las derechas con una cámara con capacidad de veto.

Boluarte y Otárola: ni rehenes, ni tontos útiles

En este escenario, la presidenta y su primer ministro Otárola, están lejos de ser rehenes o tontos útiles de los sectores mayoritarios del Congreso. En sentido estricto, son socios, ciertamente menores, pero socios desde el primer momento. El Congreso, al no sancionar a Boluarte por su historieta del club Apurímac, estableció el acuerdo que ella asumió gustosa. El Ejecutivo y las fuerzas del orden han funcionado como pararrayos del parlamento, que ha evidenciado su incapacidad para darle salida a las protestas, así como su absoluto desinterés por investigar las muertes y el uso de la fuerza. El toma y daca es la marca de una relación pragmática e interesada. Más del 70% de los congresistas, de la misma manera que la señora presidenta, no tuvieron nunca cargos de representación popular, no obstante los varios intentos de muchos de ellos y de la propia mandataria que tentó antes una municipalidad distrital y una curul congresal. Muchos de ellos no tienen futuro político y su interés mayor pasa por cubrirse de la justicia. La reducción del plazo de prescripción a sólo un año, en los casos que requieren antejuicio les asegura mayor “protección” dadas las eventuales demoras del proceso en el Legislativo, como está ocurriendo con la ex congresista Luciana León, donde el pedido de antejuicio data del 2019.

En el juego “en pared”, en el que están embarcados Ejecutivo y Legislativo, la creación de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la Presidencia de la República, es una ficha más de la relación. Su composición así lo demuestra. Tres de sus siete miembros han integrado y liderado a los sectores más conservadores en el TC en distintos períodos; varios de ellos han pasado por partidos tan ilustres como el PPC, el APRA, Somos Perú y Perú Patria Segura; varios integran comisiones consultivas del Congreso, tres escriben con frecuencia en Expreso, cuatro defendieron las versiones del fraude electoral y por lo menos dos, son firmantes recurrentes de los pronunciamientos de la Coordinadora Republicana. De igual manera, los cambios en la ATU, decididos por el Ejecutivo, así como su silencio frente a distintas leyes por demás polémicas, hacen parte del acuerdo y de la visión compartida en la coalición autoritaria.

Del presidencialismo de nuestro sistema político, las derechas, con el concurso del cerronismo y sus derivados, nos están llevando al parlamentarismo autoritario, repitiendo el camino que realizara Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, décadas atrás. Su aspiración es la de asegurar la prolongación del ciclo neoliberal liquidar a los “caviares, los auténticos enemigos del Perú”, como señala uno de sus pensadores más auténticos. La pretensión no es fácil, más allá del creciente rechazo que seguramente seguirá generando, porque la disputa por el liderazgo en las derechas, no está resuelta. Keiko Fujimori lleva ventaja porque cuenta con un partido organizado y relativamente disciplinado y es la validadora del entendimiento de Fuerza Popular con la agrupación de los hermanos Cerrón, que va más allá de un simple canje de algunas posiciones de poder. Ese acuerdo, sin embargo, no garantiza nada, más allá de la demolición de nuestra institucionalidad.

En cualquier caso, desde la sociedad y sus organizaciones, pero también desde la izquierda democrática que tiene que reconfigurarse y construir y recuperar vínculos con aquellos, resulta indispensable ampliar el foco de movilización claramente, poniendo en el centro al Congreso de la República y a Dina Boluarte como los operadores del autoritarismo conservador y neoliberal que quieren imponer en el país en nombre del orden y el progreso.