El diálogo social ligado a la aspiración de una sociedad democrática, cuyo fruto es la concertación, bajo la premisa de que no se puede gobernar sin la sociedad, se constituye como mecanismo de intermediación entre el Estado y diversos grupos sociales e intereses colectivos. Así, diversos grupos sociales a través de su representación dialogan en un espacio que -en teoría- no depende de su poder económico o político, sino en la legitimidad social para concertar. En ese sentido, el diálogo social ha impulsado diversas experiencias en el Perú, tales como, La Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza, creada en enero de 2001; el Acuerdo Nacional, creado en el 2002; y, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, creado en abril de 2002 y modificado en julio de 2009.

Para ahondar en el diálogo sociolaboral nos centraremos en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), como instrumento de intermediación de los intereses referidos al mundo del trabajo. Este organismo ha pasado por avances, retrocesos, estancamientos y limitaciones para hacer frente a la concertación y democratización de las relaciones de trabajo. En este sentido, recogemos la reflexión de Luis Aparicio que describe la trayectoria de la concertación social y, en especial laboral, marcada por la tradicional fragmentación interna, prolongada durante su época republicana y que tiene como historia una sucesión indefinida de conflictos abiertos, y soterrados, que dificultan los intentos de una visión orgánica nacional. Sin duda, la historia del diálogo sociolaboral en las últimas décadas, así lo gráfica.

Podemos rastrear entre los antecedentes del diálogo sociolaboral en el Perú, al Comité Tripartito de Vigilancia de Procedimientos Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, creado en setiembre de 1985 por el ministro Carlos Blancas. Este comité alcanzó acuerdos importantes, incluyendo un acuerdo tripartito sobre seguridad social. Pero, este diálogo fue interrumpido en la década de 1990 en consonancia con el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Pasó una década antes del recomienzo institucional del diálogo social en materia laboral.

Así, el 4 de enero de 2001 se (re)instaló el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, bajo el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua y con Jaime Zavala Costa al frente de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, con representantes de trabajadores/as, empresariado y de la sociedad civil, tales como la ONG Manuela Ramos, CEDAL, GRADE, entre otros y como expresión de pluralismo social. El instalado CNTPE alcanzó importantes acuerdos, desmontando parte de la reforma laboral instalada por el régimen de Fujimori y consensuando una importante legislación.

El diálogo y concertación en materia de trabajo en el Perú continúo avanzando, instalado el CNTPE como un órgano consultivo en la estructura del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo con la Ley 27711 (2002). Asimismo, el CNTPE logró un acuerdo tripartito en el 85% de los artículos del proyecto de Ley General del Trabajo (que hasta el día de hoy se encuentra encarpetada) y, consenso sobre diagnósticos relacionados a formación profesional, empleo en el Perú, reforma de sistema de pensiones y lineamientos para aplicar políticas anti crisis. Sobre este último punto se suscitó una fuerte desavenencia que llevó a los representantes de trabajadores/as a retirarse del CNTPE en el 2009, pues sobre la base de las propuestas de medidas anticrisis se solicitó un incremento a la Remuneración Mínima Vital (RMV), resultando un acuerdo del CNTPE del que retrocedieron -posteriormente- los representantes empresariales, aduciendo afectación a las MYPES y no aplicar, en tanto ello, el ajuste remunerativo a las mismas.

En julio de 2009 se modificó la regulación sobre el CNTPE y se le excluyó de la estructura del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pasando a incorporarlo en el ROF del mismo; con ello, la aspiración de convertirlo en un órgano autónomo consultivo con capacidad de revisión de la normativa laboral, así como en un articulador del diálogo social que contribuya a la paz social, se fue difuminando. Aunque, en mayo de 2010 las centrales sindicales volvieron al CNTPE.

Tras este episodio que alteró la marcha institucional del CNTPE, el diálogo y concertación socio laboral no volvieron a revitalizarse ni los actores sociales e institucionales recuperaron confianza en el proceso de concertación. Aunque, el proceso de ruptura podamos rastrearlo en la normativa laboral que emitió el Ejecutivo en el 2008, sin pasar por consulta del CNTPE, situación constante en los años posteriores y motivo de alejamiento de la representación sindical. La comunicación e información fluida que debía sostener la credibilidad entre los actores, así como la confianza en el espacio de concertación, se fue quebrando, hasta la actualidad, mayo de 2023, cuando el espacio de diálogo tripartito se encuentra suspendido.

No puede haber diálogo sin confianza ni credibilidad, sin voluntad política ni una política laboral activa de mínimos que comprenda derechos básicos en el trabajo, protección social, igualdad de oportunidades, acciones de promoción del empleo, re-planteamiento sobre las nuevas formas que adquieren las relaciones laborales y avanzando hacia una re-definición del trabajo, teniendo como horizonte el trabajo decente. Además, no puede haber diálogo donde se conceda más peso al poder político o económico de las partes y no a la legitimidad de la representación para concertar. Este último punto es probablemente el más complejo en un escenario de alta fragmentación social.

Nuevos esfuerzos por recuperar el diálogo sociolaboral se abren y avanzan al margen del espacio institucional estatal, ello es evidenciado por los acuerdos en la CADE Ejecutivos 2022, en donde la representación de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) acordaron organizar espacios de diálogo lejos del CNTPE. Para ello plantearon temas álgidos en materia laboral, como la tercerización y la regulación de las relaciones colectivas de trabajo, teniendo esta última un punto crítico en la normativa que privilegia la negociación por empresa, castigando la negociación por rama o actividad, como la que se realiza es en el sector de Construcción Civil. No obstante que ella ha permitido un diálogo bipartito ininterrumpido desde hace más de 17 años. Pero, además, avanzando hacia la autonomía del espacio de diálogo sociolaboral, liberándolo de los vaivenes de los cambios ministeriales.

Es preciso repensar el diálogo sociolaboral reconociendo y mirando también hacia las nuevas formas de relaciones de trabajo que se configuran por las transformaciones en el mercado y los medios de producción; así como, en los/as nuevos actores sociales que se perfilan más allá de la representación tradicional, como el colectivo de autoempleados/as, mujeres, población LGTBIQ+, personas con discapacidad y jóvenes. Pero, además, reflexionando sobre la propia definición de “trabajo” que motiva la búsqueda de diálogo sociolaboral, sobre premisas democratizadoras.

Reconocer como trabajo toda actividad que produce bienes y servicios para el hogar, así como para uso personal y colectivo, como ya lo hizo la 19ava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo organizada por la OIT en 2013, supone aceptar al cuidado como un aspecto transversal e indispensable para la reproducción de la sociedad, Así se supera la odiosa distinción entre “trabajo (productivo)” y “labor (improductiva de cuidado)”. Gracias a ello, se puede avanzar hacia una sociedad de cuidado como objetivo democratizador de las relaciones, incluyendo las relaciones sociolaborales. Pero, este objetivo supone refrescar el proceso de diálogo social, redefiniendo sus conceptos y ampliando la representación de sus actores.