Detrás del telón: La inflación, el hambre y la sequía
El presidente Castillo inició el último mes del 2022 con una aprobación que superaba el 30% a nivel nacional. Esta cifra alcanzaba el 45% en el Perú rural con un fuerte respaldo en el sur y oriente. En la vereda de enfrente, el Congreso veía disminuido su respaldo mes a mes y en noviembre su aprobación llegó al 10% según la encuesta nacional realizada por el IEP. La crisis política que enfrentaba a ambos poderes del Estado se percibía como una puesta en escena cada vez más cotidiana. La apatía de la ciudadanía frente a estas disputas se veía reflejada en la baja convocatoria que tuvieron las últimas marchas pro vacancia impulsadas desde Lima. Sin embargo, eran otras las agendas que impactan en la vida de los peruanos y peruanas a lo largo del territorio. El alza del costo de vida, las sequías en la región andina y el altísimo nivel de inseguridad alimentaria configuraban un escenario social de cuidado. La respuesta de la clase política hasta el momento está caracterizada por la inacción.
Los problemas desde la estructura
El alza de precios internacionales de alimentos y energía, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha convertido en un fenómeno global. Al ser Rusia uno de los principales exportadores de urea en el mundo, la escasez de este insumo impactó en la productividad de la agricultura. En Perú, al ser importadores netos de urea, la situación se tradujo rápidamente en un incremento de los costos de producción en el agro y por ende en el alza de precios de alimentos. En el primer semestre del año la inflación en Perú, sin contar alimentos y energía, se mantuvo alrededor del 4.5% cifra similar a la obtenida en el 2021, según cifras del BCRP. Al incluir ambos factores la cifra se duplica y alcanza el 8%. La magnitud de la inflación se agrava superando el dígito en importantes ciudades[1] como Huaraz (13.4%); Cerro de Pasco (11,5%); Puerto Maldonado (11.3%), Chachapoyas (11%); Chiclayo, Ica y Cusco (10.3%) y Tacna (10.2%).
A pesar de estos resultados, en términos macroeconómicos, en diciembre pasado nos encontrábamos en mejor posición que la mayoría de países de la región. Nuestra tasa de inflación es de las más bajas de América Latina. Sin embargo, el impacto de estos factores en la vida real de las personas se torna muy grave. En agosto 2022, la FAO emitió un alerta respecto a los niveles de inseguridad alimentaria en Perú. El reporte sostiene que 16.6 millones de peruanos, más de la mitad de toda la población, no cuenta con el acceso a alimentos suficientes para llevar una vida sana. Estos resultados nos posicionan como el caso más preocupante de toda América Latina, habiendo duplicado los niveles de inseguridad alimentaria que afrontamos en la pre pandemia.
A este escenario se suman factores climáticos. De acuerdo a Senamhi, el mes de noviembre fue de los más secos en los últimos 58 años en la región andina. Los departamentos más afectados por el contexto climático coinciden por tener pequeña agricultura como una de sus principales actividades productivas: Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ayacucho y Puno. Las sequías ocasionaron también graves incendios forestales como el acontecido en la comunidad de Quispillacta en Ayacucho. Cuatro personas perdieron la vida y tres se encontraron seriamente heridos por este incendio que inició el 01 de diciembre y que prácticamente no recibió atención del Estado. El Senamhi dio cuenta de que esta escasez de lluvias retrasará el inicio de la campaña de cultivos de papa, quinua, arroz y maíz en la región andina principalmente en Puno y Arequipa[2]. Ambas regiones fueron declaradas en emergencia por peligro de déficit hídrico. Con ello, las probabilidades de enfrentar un escenario de escasez de alimentos se acrecientan.
El duro contexto movilizó a las regiones del centro y sur del país a lo largo del año. Desde Cusco se organizó un paro regional entre el 23 y 24 de noviembre. La convocatoria paralizó la ciudad. El pliego de demandas de la movilización incluía el pedido de declaratoria de estado de emergencia del agro nacional, la reducción del precio de los combustibles ante la baja de los precios internacionales y la atención de los poderes del Estado ante los problemas que enfrentaba la población[3]. Meses antes, entre junio y julio, fue Junín la región que impulsó un gran paro nacional con eco en Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno organizado también por agricultores y transportistas ante el alza de la vida y de los precios de los insumos como gasolina y fertilizantes.
“Matar o morir” de desconexión con la realidad
Es cierto que desde las ciudades y las clases medias los factores reseñados en los párrafos previos no se perciben con la misma intensidad. A pesar de todo, nuestras cifras macroeconómicas se encuentran en verde. Tenemos una de las deudas más bajas de la región. Según el BCRP, los empleos formales también se habían recuperado por encima de los niveles pre pandemia y junto a ello la masa salarial mensual del sector formal privado también superaba el escenario pre COVID según datos del MTPE. Asimismo, se percibe un incremento de liquidez en algunos hogares peruanos por las múltiples posibilidades de retiro de fondos de AFP y CTS en lo que va del año. Los datos agregados, sin embargo, siempre pierden de vista las heterogeneidades que se enfrentan en las diversas regiones del Perú.
La clase política y la sociedad civil discuten salidas a la crisis institucional que vive el Perú mientras los problemas desde la estructura, que impactan en el día a día de millones de peruanos, quedan desatendidos. Ni el Ejecutivo ni el Congreso han promovido oportunamente acciones para enfrentar el escenario de crisis del agro y la alimentación en el país. Más allá de anuncios vacíos como el llamado hacia una Segunda Reforma Agraria, no se han identificado políticas claras. El fracaso reiterado en la compra de fertilizantes por parte del MIDAGRIi es ejemplo de la inacción y la inoperancia. Desde el Congreso, en un ejercicio de creatividad constante, se discutieron decenas de nuevos mecanismos para promover la vacancia presidencial. La única medida aprobada para enfrentar la crisis alimentaria fue una baja de impuestos a las empresas productoras de alimentos. El resultado fue la eliminación de la medida luego de que no se lograran resultados para aminorar los precios finales. Desde ninguno de los frentes se ofrecen soluciones concretas hacia los problemas reales que enfrenta la ciudadanía hoy. El tiempo corre y el malestar social se acrecienta.
[1] Ver Nota de Estudios 63- 12 de Septiembre de 2022 del Banco Central de Reserva del Perú [2] SENAMHI (2022) Nota de Prensa: Sierra: octubre de 2022 registró un déficit de lluvias similar al octubre de 1976. Revisado el 05 de diciembre de 2022https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/670635-sierra-octubre-de-2022-registro-un-deficit-de-lluvias-similar-al-octubre-de-1976 [3] Revista IDEARIO (2022) Editorial: Paro regional de 48 horas. Cusco, Perú.
