Hasta el año 2021, la empresa Geopark era la titular del 75% de la concesión del Lote 64, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto. La empresa estatal Petroperú era titular del restante 15%. Ese año Geopark desistió de continuar gestionando el Lote 64 y -mediante DS 024-2021-MINEM- el Ministerio de Energía y Minas entregó el 100% de la concesión a Petroperú. Por ello, la petrolera estatal ha quedado a cargo de las actividades de exploración y explotación de ese yacimiento, asociada a un inversionista privado. Sin embargo, el Pueblo Indígena Wampis, ahora organizado como Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) se viene oponiendo desde hace años a la actividad petrolera (incluyendo la exploración, la explotación y el transporte) que pueda impactar negativamente en sus territorios.

En su más reciente pronunciamiento sobre el tema, el GTANW expresa su “rotundo rechazo a las intenciones de Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Central de imponer el proyecto de explotación del Lote 64 por encima de la oposición de las naciones originarias Wampis y Achuar del Pastaza, que habitamos y cuidamos por milenios estos territorios”. Sus argumentos son los impactos negativos que la actividad petrolera ya viene teniendo sobre sus ecosistemas, su tejido social y su cultura, y la incompatibilidad de la actividad petrolera con su apuesta por la Tarimat Pujut o Vida Plena en sus territorios.

La postura del GTANW frente al Lote 64 plantea un dilema para la izquierda democrática. ¿Debemos apoyar la continuidad de la actividad petrolera, o debemos apoyar al GTANW en su negativa al ingreso de Petroperú al Lote 64 y de manera más amplia a la continuidad de la actividad petrolera en esos territorios? Desde mi punto de vista la opción es clara. Desde la izquierda democrática debemos apoyar al pueblo Wampis y, de manera más general, debemos apostar por detener toda la actividad petrolera en la Amazonía peruana.

Un primer argumento en apoyo a esta propuesta es que la actividad petrolera -en especial aquella que tiene lugar en la Amazonía- está ya en declive sostenido y no aporta mucho al producto bruto, el empleo o la tributación. La producción nacional de petróleo ha caído en la última década de 70,000 barriles diarios entre el 2011 y el 2014 a alrededor de 40,000 barriles diarios en 2020. La Selva Norte aporta aproximadamente un tercio de esta producción y más del 80% de ese aporte viene del Lote 95. Los Lotes 67 y 131 aportan muy poco y los demás se encuentran paralizados.

Hacia mediados de la década pasada la explotación de hidrocarburos aportó más del 6% de los ingresos tributarios recaudados por SUNAT, pero en los últimos años ese aporte oscila entre el 2% y el 3% del total. A su vez, las regalías de la actividad petrolera de la Selva Norte -en donde están los territorios en disputa entre pueblos indígenas y empresa petroleras, en los últimos diez años, han caído del 12% al 1%. En suma, la importancia productiva y fiscal de la actividad petrolera en general es baja y además está en declive. En suma, la Amazonía Norte pesa cada vez menos en la actividad petrolera nacional. ¿Vale la pena asumir los impactos sociales y ambientales de esta actividad a cambio de tan poco?.

En defensa de la continuidad de la apuesta petrolera en la Amazonía Norte se argumenta que es necesario asegurar el abastecimiento de petróleo a la economía nacional. Pero, en la actualidad el petróleo aporta con algo más del 50% de la energía que se consume y el sector transporte lidera el consumo. Por su lado, en la medida en que el país consume más petróleo del que produce, una parte significativa es importada. Hacia adelante, se estima que -debido a crecimiento económico y el lento avance de la transición energética en nuestro país- seguiremos consumiendo petróleo en las décadas por venir. Un argumento adicional es que se necesita incrementar la extracción de petróleo en la Amazonía Norte para abastecer la Refinería de Talara, que ha aumentado su capacidad de procesamiento y ahora ofrece al mercado una gasolina más limpia, con niveles de azufre que cumplen con estándares internacionales.

Siendo verdad que es necesario asegurar una oferta de petróleo suficiente para cubrir la demanda futura y que debemos rentabilizar la inversión en Talara, de ello no se desprende que esa producción deba venir de la Amazonía Norte. Más bien, en lugar de insistir en esa línea habría que desarrollar una estrategia con tres componentes: i) acelerar la transición hacia las energías renovables no convencionales (solar, eólica y geotérmica), ii) seguir extrayendo petróleo de la Costa Norte y el zócalo -que están más cerca de las refinerías de Talara y Lima y tienen mucho menor impacto ambiental y social-, y iii) seguir importando crudos pesados baratos, que ahora la Refinería de Talara si está en capacidad de procesar.

En el marco de esta estrategia, el país debería redefinir el rol de Petroperú, empresa estatal que ahora debiera pasar a liderar la transición energética, desarrollando capacidades para invertir en energías renovables no convencionales. Energías del Perú podría ser el nuevo nombre de una estatal energética que esté a la altura de la demanda de nuestros días.

Otro argumento para insistir con la producción petrolera en la Amazonía Norte es que el Gobierno Regional de Loreto depende del canon, y que frenar la producción lo dejaría sin rentas. Esa es una verdad a medias. Desde inicios de la década del 2000, el canon petrolero llegó a constituir más del 30% del total del presupuesto de la Región Loreto solamente una vez, en el 2008. Normalmente su incidencia es menor. Por supuesto, perder un 10% o 20% de su presupuesto sería fatal para ese o cualquier gobierno regional. Pero existen dos alternativas que se pueden combinar para impedir ese impacto negativo: implementar una reforma tributaria para compensar la pérdida de los ingresos fiscales nacionales que el petróleo genera, e implementar una reforma fiscal para Loreto y otros gobiernos regionales no dependan tanto de la renta extractiva.

Finalmente, se arguye que una región como Loreto carece de otras opciones productivas que generen empleos, ingresos y tributos alternativos a los que hoy genera el petróleo. Eso es falso. Basta con revisar el reporte preparado por el Growth Lab de la Universidad de Harvard para el Ministerio del Ambiente para constatar que Loreto tiene un enorme potencial para un crecimiento económico basado en el uso sostenible de sus inmensos recursos naturales. Y esto sin mencionar la opción de salir al mundo a exigir el pago por los servicios ambientales que -como el secuestro de carbono y la generación de agua fresca y oxígeno- la Amazonía peruana (y sudamericana) presta a la humanidad.

En suma, la actividad petrolera en la Selva Norte causa daño social y ambiental y no aporta mucho al fisco ni a la producción nacional. Esos aportes pueden ser reemplazados por la producción petrolera de menor impacto social y ambiental en la Costa Norte y el zócalo, de mayor cercanía a las refinerías y los mercados de consumo, mientras se acelera la transición energética nacional y en los territorios de la Amazonía y se ponen en práctica reformas tributarias y fiscales. Como parte de este proceso, hay que poner énfasis en estrategias de generación de empleos e ingresos basados en el uso sostenible de los recursos naturales de la región.

Es verdad que el ingreso de Petroperú al Lote 64 es una decisión tomada pero aún no implementada. Para que se haga realidad hace falta que Petroperú consiga un socio estratégico dispuesto a invertir (cosa no muy fácil dados la complicada situación social de la zona) y que se construya un ramal adicional del oleoducto que permita sacar el crudo de ese yacimiento hacia el ramal principal que va a Talara. No habrá conflicto inmediato, pero si Petroperú consigue ese socio y pasa a implementar el proyecto, lo habrá de todas maneras.

Junto con tomar posición sobre este caso específico, la izquierda democrática peruana debería romper con la tradición de la izquierda marrón de la región que hace de la captura de una mayor parte de la renta generada por la producción y exportación de hidrocarburos y minerales el eje de sus políticas redistributivas, sacrificando en el camino la biodiversidad y negando a los pueblos indígenas su derecho a optar por otros caminos para el logro de su bienestar. Ya lo hizo Gustavo Petro en Colombia al hacer de la transición hacia energías limpias y renovables no convencionales el centro de su apuesta energética y económica. Lo podemos hacer también en el Perú.