La Reforma Universitaria que tuvo lugar en nuestro país entre los años 2014 y 2022 fue, sin duda, un fenómeno único. Una de las pocas reformas que surgen como políticas públicas, que generó resultados positivos y que se pudo sostenerse al menos ocho años. Una reforma que se venía clamando desde distintos espacios hacía mucho tiempo, ante la constatación de la crisis en la que se encontraba el sistema universitario y que se agravaba día a día.

Antes de promulgar esta ley, el Estado había abandonado su rol de garantizar el derecho a una educación de calidad. Bajo la idea de una falsa autonomía, que fue sinónimo de hacer lo que se quiera sin rendir cuentas, pese a ser un servicio público, en la educación universitaria había una ausencia total de control de calidad. Ello debido a que en el sistema los encargados de supervisar la calidad y el funcionamiento de las universidades eran los mismos que iban a ser supervisados, los propios rectores de las universidades. Gracias a ello, proliferaron las ya conocidas universidades que tenían fachadas falsas, o se encontraban en el segundo piso de un chifa. Así se desarrolló el negocio universitario, donde se conseguía un título sin estudiar, solo a cambio de dinero, o se llegaba a obtener un doctorado sin rastro de haber presentado una tesis.

Frente a esa situación, donde se lucraba con los sueños de los jóvenes por mejorar su situación, es que en el 2014 se logró aprobar una nueva Ley Universitaria, la Ley 30220. Ella creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), un organismo público regulador de la educación, integrado principalmente por miembros seleccionados por concurso público y de reconocida trayectoria. Una de las principales funciones de SUNEDU es evaluar y garantizar que todas las instituciones que brindan servicios educativos cumplan con estándares básicos de calidad, a través de un proceso denominado licenciamiento. La Ley estableció que todas las instituciones existentes debían pasar por este proceso para seguir operando y aquellas que no cumplieran con las condiciones básicas debían ser cerradas progresivamente.

Luego de un proceso de evaluación que duró seis años (2015-2021), la evidencia muestra que el sistema en su conjunto tuvo una mejora significativa respecto a cómo estaba antes del proceso. En primer lugar, en un país donde hemos naturalizado la desigualdad social, la reforma fue un acto de justicia social: no importa el origen socioeconómico o cultural de los estudiantes, más de 1,300,000 acceden ahora a un servicio universitario que cumple con condiciones básicas de calidad. Segundo, se dio un cambio radical en la composición del sistema: el proceso tuvo como resultado que 51 universidades (35% del total) perdieran la licencia; lo que convirtió al Perú en el país con mayor número de cierres de universidades en el mundo.

Por otro lado, en investigación, gracias a las universidades, Perú es el segundo país de la región con mayor crecimiento en el número de publicaciones en Scopus entre 2014-2021 y el primero entre 2018-2021[1], años en que el proceso de licenciamiento se desarrolló con mayor fuerza. Asimismo, respecto a los docentes, en el sistema universitario en conjunto se pasó de tener solo un 38% de profesores con posgrado en 2014 a un 75% en 2021 y de un 25% de profesores a tiempo completo a un 48%.[2]. Adicionalmente, respecto a la infraestructura, se tuvieron que cerrar locales y filiales que no cumplían con estándares mínimos de seguridad o equipamiento para el desarrollo de sus programas. Así las universidades licenciadas para poder licenciarse cerraron 113 locales (24% del total) y 75 filiales (29% del total de sedes y filiales existentes). Ya no habría más locales con discotecas al lado, encima de restaurantes o con paredes falsas. A ello se suma que, mediante esta autoevaluación, las universidades licenciadas también cerraron 3,693 programas (40% del total existente). Con ello, el sistema universitario tuvo un nuevo ordenamiento.

Los siguientes pasos en esta reforma eran, por un lado, que las universidades después de un período de entre seis a diez años volverían a ser evaluadas para renovar su licencia de funcionamiento. Y esta segunda evaluación iba a ser bajo nuevas condiciones de calidad, más exigentes, debido a que la calidad debe mejorar en forma continua. Por otro lado, también estaba el licenciamiento de programas: se revisaría la calidad a nivel específico y no solamente a nivel institucional, garantizando que ciertos programas, que son relevantes para la sociedad como salud, ingeniería y educación, cuenten con condiciones básicas para poder alcanzar sus fines. Ya se había empezado con el proceso de evaluación de los programas de medicina y se iba a iniciar con educación, cuando la contrarreforma fue confirmada por el Tribunal Constitucional.

¿En qué consiste esta contrarreforma? Cabe aclarar previamente, entre el 2014-2021, también hubo intentos de dar marcha atrás por parte del Congreso y el Poder Judicial, pero la posición de los gobiernos y de un grupo de ciudadanos, estudiantes y autoridades universitarias, que veían los cambios como favorables, lograron ejercer presión mediática para evitar que se llevaran a cabo. Sin embargo, en 2022, el congreso aprobó una la Ley 31520, que supone volver al modelo anterior de regulación (donde los supervisados son parte de los supervisores) y elimina las competencias de SUNEDU que promueven la mejora continua de la calidad (como mejorar las condiciones básicas periódicamente y el licenciamiento de programas). Los promotores de esta contrarreforma fueron congresistas vinculados a universidades a las que se les negó la licencia[3], que con las nuevas elecciones generales habían logrado una importante presencia, junto con un grupo de rectores y rectoras, liderados por la rectora de San Marcos. Estos últimos interesados en volver a hacer que las universidades públicas sean manejadas según intereses particulares. Por su lado, el gobierno decía tener una posición favorable a la reforma, pero sólo en el discurso y dejó hacer en la práctica. Por su parte, el Tribunal Constitucional, electo por ese mismo Congreso, confirmó la constitucionalidad de esta norma, desconociendo las sentencias previas del mismo órgano que decía que un modelo donde los supervisores son al mismo tiempo supervisados no asegura imparcialidad y, por tanto, no garantiza el derecho a una educación de calidad mediante una adecuada regulación.

Pero no nos equivoquemos: esto no es una cuestión de autonomía ni de principios, sino de intereses. De volver a la situación de antes; pudiendo lucrar sin ningún control, o de hacer que las universidades públicas se manejen con criterios políticos, como dijo el flamante nuevo superintendente hace unos años. También de poder dar títulos sin tesis a cambio de favores políticos, como hemos visto en las noticias en los últimos días. Todo esto da un panorama muy sombrío e incierto sobre el futuro, sobre los sueños de jóvenes que quieren ir a la universidad bajo la promesa de mejores oportunidades. Pero no perdamos las esperanzas: la SUNEDU fue una muestra de la posibilidad de realizar cambios, aunque se requiere una mayor organización para sostenerlos en el tiempo.

Uno de los temas pendientes que debemos impulsar es cómo promover un mayor acceso con equidad y permanencia en estas instituciones con condiciones básicas de calidad. Primero, un tema de preocupación como consecuencia del licenciamiento era la continuidad de los estudios de los alumnos que provenían de universidades con licenciada denegada. Si bien al 35% de instituciones que venían funcionando antes del 2014 se les denegó la licencia, la población de alumnos de estas universidades significaba el 18% del total de estudiantes. Según el reporte de SUNEDU[4] al 2022, 18% de estos seguían en la universidad de origen, el 25% se había trasladado a una universidad licenciada y el 37% ya egresó. Por lo que se necesita impulsar una política que permita darle una ruta de continuidad a ese 20% restante, que significa cerca de 45 mil estudiantes.

Segundo, ¿cómo aumentar el acceso con equidad? ¡Educación pública! Pero eso no significa que necesitamos más universidades públicas. Además ello supondría la división de los ya escasos recursos de las universidades públicas. Los países de Latinoamérica con mejores sistemas universitarios y mejores universidades públicas, según los rankings, tienen menos universidades públicas por población[5]. Se trata de promover instituciones públicas más fuertes, que tengan filiales para llegar a diversos lugares, aumenten las vacantes o programas semipresenciales y ofrezcan becas integrales, antes de crear nuevas entidades débiles y sin recursos.

Ahora es tiempo de organización para defender los cambios implementados por la reforma. Los jóvenes que pudimos vivir esos cambios junto con quienes soñaron con ellos debemos volver a la vía planteada, construyendo mejores universidades para un mejor país, más justo y próspero.

 [1] https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Latin%20America&year=2021  [2] Sunedu (2021). Modelo de Renovación de Licencia Institucional.  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2151022/Modelo.pdf  [3] https://elcomercio.pe/politica/congreso/sunedu-otra-vez-en-la-mira-los-nexos-y-visitas-en-el-congreso-con-universidades-denegadas-comision-de-educacion-universidad-peruana-del-centro-licencia-denegada-universidades-sin-licenciamiento-ec-data-noticia/  [4] https://www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/699354-sunedu-el-80-3-de-alumnos-de-universidades-denegadas-continua-estudios-o-egreso?fbclid=IwAR1fCTPJ-EXyY6N3SwdCbdv3UXdiS7SC5NMKIFzxVtXVwYz9EfI6bEf7Xbs  [5] Aquí se puede encontrar una gráfica sobre ello: https://twitter.com/JulioCaceda/status/1636080757486567424